Seguramente el lector no se sorprenderá si digo que las migraciones se han convertido en un asunto crítico en los últimos años. La preocupación suscitada por la crisis de los refugiados sirios se ha sumado a la relacionada con la creciente población de inmigrantes en las economías avanzadas, cuyos líderes han situado los asuntos migratorios en un lugar prioritario dentro de sus agendas. Además, la retórica en torno a la inmigración ha adquirido un tono bastante negativo, marcado por afirmaciones acerca de su carácter desfavorable para los lugares de destino. Por ello, es más necesario que nunca un análisis del impacto de las migraciones en la economía, y en este, como en muchos otros casos, la teoría económica y la evidencia empírica pueden ayudarnos mucho.
A esta tarea han dedicado sus esfuerzos Florence Jaumotte, Ksenia Koloskova y Sweta C. Saxena en un reciente paper publicado por el Fondo Monetario Internacional. Como ellas señalan, aunque la mayor parte de la literatura ha incidido en los efectos de las migraciones sobre el mercado laboral y las finanzas públicas, en este trabajo apuntan hacia el impacto de la inmigración en el PIB per cápita (indicador del nivel de vida) de las economías receptoras a largo plazo.
En este sentido, la intuición nos dice que la inmigración puede afectar al PIB per cápita a través de dos canales. Primero, puede aumentar el ratio de la población en edad de trabajar sobre la población total, ya que los inmigrantes suelen encontrarse en edad de trabajar. En segundo lugar, puede influir sobre la productividad por trabajador. Así, los países prefieren atraer inmigrantes con altos niveles de cualificación, aunque los inmigrantes de cualificación media o baja también podrían contribuir al crecimiento de la productividad si sus habilidades fueran complementarias a las de los trabajadores nativos. En cualquier caso, la detección de un impacto positivo de la inmigración sobre el PIB per cápita a largo plazo constituiría un sólido argumento en favor de esta, especialmente en aquellos países donde el envejecimiento de la población se presenta como una de las mayores amenazas al sostenimiento de las finanzas públicas y al crecimiento económico.
Con este objetivo, las autoras recurren a una muestra de 18 países de la OCDE, de los que disponen de información sobre la población inmigrante mayor de 25 años por sexo, país de origen y nivel educativo, entre 1980 y 2010. En combinación con datos relativos a la contabilidad nacional (PIB per cápita real, productividad del trabajo, ratio empleo-población total...), educación, distribución de la renta y previsiones demográficas, estiman un modelo econométrico con el que describir la relación entre PIB per cápita e inmigración. En concreto, tratan de explicar el PIB per cápita de cada país de destino como función del porcentaje de inmigrantes sobre la población adulta total, el tamaño de esta población y una serie de variables tan diversas como la distribución de la población por nivel formativo, la apertura comercial del país o la participación de las TIC en el stock de capital.
Sin embargo, tal aproximación plantea una dificultad: pensamos que la presencia de inmigrantes en un país puede explicar el PIB per cápita de este, pero, ¿y si ocurre también lo contrario? Al fin y al cabo, las personas que deciden emigrar prefieren marcharse a países ricos, donde es más probable que tengan más oportunidades. Pues bien, con tal de evitar los sesgos procedentes de esta relación bidireccional, en lugar de estimar el modelo con datos observados sobre el ratio inmigrantes-población total, se emplean las previsiones realizadas por un modelo auxiliar. En él, la presencia de inmigrantes en cada país de destino depende de factores de expulsión (motivos por los que las personas quieren emigrar, de tipo económico, político o social) propios de los países de origen y de los costes de las migraciones, determinados por la geografía y la cultura (por ejemplo, resulta más fácil emigrar hacia un país que comparte frontera con el tuyo, o donde se habla la misma lengua).
Siguiendo esta metodología, las autoras obtienen los siguientes resultados:
- PIB per cápita: en todas las estimaciones realizadas salvo en una, la presencia de inmigrantes en la población del país de destino tiene un impacto positivo y estadísticamente significativo sobre el PIB per cápita de este. Se calcula que un aumento de un 1% en la participación de los inmigrantes en la población total da lugar a un incremento del 2% en el PIB per cápita a largo plazo.
- Productividad y empleo: la inmigración tiene un impacto positivo y estadísticamente significativo en la productividad del trabajo del país de destino. Como sugiere la literatura, dicho efecto podría deberse a las ideas y la formación de la población inmigrante, cuyas habilidades complementarían a las de los nativos.
- Nivel de formación de los inmigrantes: tanto los inmigrantes de baja como los de alta cualificación contribuyen a aumentar la productividad del país de destino en una cuantía similar. Ello podría deberse simplemente a una cuestión de heterogeneidad en la muestra de países, o a un exceso de cualificación de los inmigrantes, es decir, la participación de inmigrantes de alta cualificación en tareas que no requieren tanta formación. Al mismo tiempo, ninguno de los dos grupos tiene un impacto significativo sobre la tasa de empleo, aunque sí se aprecia un efecto positivo de la inmigración de baja cualificación en la participación de las mujeres nativas en el mercado laboral.
- Distribución de la renta: la inmigración aumentaría la renta per cápita del 10% más rico y del 90% más pobre de la población, siendo mayores las ganancias para el decil más rico. Tanto los inmigrantes de baja como los de alta cualificación provocan este efecto, aunque este segundo colectivo parece contribuir al crecimiento de la desigualdad entre el grupo más rico y el más pobre. Por el contrario, el índice de Gini no se ve afectado de manera significativa.
A modo de conclusión, las autoras realizan una serie de recomendaciones. Por una parte sugieren fomentar la integración de los inmigrantes en el mercado laboral del país de destino a través de políticas activas de empleo enfocadas a las necesidades de este colectivo, así como implementar más facilidades para el reconocimiento de su formación, de modo que puedan ser empleados de una forma más adecuada y se evitan situaciones de exceso de cualificación en ciertas ocupaciones. Asimismo, apoyan las reformas de los mercados de bienes y servicios y todas aquellas medidas que reduzcan las barreras al emprendimiento. Fomentar la actualización de los conocimientos de los nativos o reducir la congestión en el uso de los servicios públicos (sanidad y educación) serían otras medidas que ayudarían a asimilar los cambios introducidos por la inmigración en los países de destino. Personalmente, creo que nos convendría tomar nota de estas medidas en vez de dejarnos llevar por acusaciones infundadas con el odio (y el miedo) como única base.
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